La pareja mantiene una ardua batalla legal en España y en Estados Unidos. | KBCN / GTRES

La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana

Es un caso de presunto delito de alzamiento de bienes que se remonta a diez años atrás, cuando la pareja todavía no se había divorciado. 

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Mucho han cambiado las cosas para Arantxa Sánchez Vicario desde que toda España se paralizaba para sufrir y disfrutar al mismo tiempo con sus grandes hazañas tenísticas en los años 90. No en vano, la Fiscalía pide 4 años de cárcel para ella  por un presunto delito de alzamiento de bienes.

En lo que va de siglo, la extenista ha sido noticia siempre por cuestiones personales que tienen poco que celebrar. Primero, el litigio que mantuvo con sus padres durante años por la gestión de su patrimonio, también por su vida amorosa, con doble divorcio incluido, el primero de Joan Vehils hace ya casi dos décadas y el segundo, de Josep Santacana, que todavía colea en los juzgados

Precisamente para Santacana pide también la Fiscalía 4 años de cárcel, al igual que para Arantxa, por ocultar, supuestamente, su patrimonio a través de un testaferro para esquivar una deuda con el Banco de Luxemburgo de varios millones de euros. 

Una deuda de hace una década

Todo comenzó hace 10 años aproximadamente, antes de que la pareja pusiera punto y final a su relación. La deuda contraída por la catalana con la Agencia Tributaria fue avalada por un banco español que recibió dinero, a su vez, de un banco extranjero, el Banco de Luxemburgo, que es quien denunció finalmente a Sánchez Vicario al no cobrar dicho dinero de la deportista. La demanda se puso en marzo 2011 y en 2013 la sentencia de un juzgado de Esplugues de Llobregat la condenó a pagar, pero Arantxa no lo hizo y una interlocutoria de enero del año 2014 hizo ejecutar la sentencia definitiva. Al tener en cuenta los intereses, la deuda ascendió a 7,5 millones de euros. 

La Fiscalía solicita ahora cuatro años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, además de una multa económica -hay otros cinco implicados para los que también se pide cárcel y multa económica-, porque supuestamente ambos habrían intentado evitar el embargo de cuentas y propiedades mediante un plan pensado para descapitalizarse. Siempre según el fiscal, Sánchez Vicario y Santacana habrían vaciado sus cuentas bancarias, incluidas las cantidades cobradas por la exdeportista en el procedimiento judicial contra sus padres, y vendido propiedades de distinta índole, entre ellas viviendas, locales y plazas de aparcamiento.

De esta forma, el exmatrimonio, con la ayuda de sus cómplices, intentó evitar que se pudiera ejecutar la sentencia que exigía a Arantxa el pago de la costosa deuda adquirida con el banco extranjero. Es por ello que la Fiscalía solicita los mencionados cuatro años de cárcel para ambos y una multa de 8.640 euros, además de 6,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil que deberán abonar conjuntamente al banco.