Se está celebrando estos días en Vancouver (Canadá) el juicio por la muerte de 45 mujeres, que fueron asesinadas en el transcurso de los últimos diez años por un único asesino. Delante de las puertas del juzgado se agrupan los familiares de estas mujeres con pancartas que no solo reclaman justicia, sino que plantean muchas preguntas a la policía y las autoridades: ¿Por qué las investigaciones policiales solo empezaron cuando el número de víctimas llegó a la escalofriante cifra de 45? ¿Por qué la policía no dio importancia a múltiples testimonios que apuntaban a sospechosas actividades en la casa del presunto asesino?
Muchas de estas preguntas son el debate principal en los periódicos canadienses estos días: todas las víctimas eran exclusivamente mujeres, muchas eran prostitutas, casi todas nativas norteamericanas. Nadie dio importancia a su desaparición, no computaban como ciudadanas, como votantes, como miembros de la sociedad, como seres humanos. No existían, por tanto no podían desaparecer. Y estamos hablando de un caso que se produce en un país con un alto nivel de vida, un país desarrollado y con una democracia estable. Pero también un país donde los nativos han sido arrinconados totalmente; solo quedan vestigios de ellos en los sellos de correos y en las tiendas de souvenirs.
Esta noticia se une a la de las desapariciones en Ciudad Juárez, en Ipswich, en Bombay… En tantos lugares del primer y del tercer mundo donde la policía no trata de igual manera la muerte de un hombre que la de una mujer: la de esta es siempre menos importante y, estadísticamente, se le dedica mucho menos tiempo de investigación y menos personal (son datos que están apareciendo en estos días en la prensa). Ahí parece que la justicia no tiene una venda en los ojos. Nadie podrá convencerme de que si estas desapariciones (tanto en Inglaterra como en Canadá, México o India) hubieran sido de hombres, la policía ya habría averiguado hace mucho tiempo quién o quiénes estaban detrás de ellas. Lo mismo puede aplicarse a la violencia doméstica, en la que el 87% de las víctimas son mujeres. Ser mujer debería computar como un serio riesgo laboral.